Actualmente, en el Congreso se está discutiendo una reforma legal por la cual los casos de violencia intrafamiliar (VIF) dejen de ser competencia de los tribunales de familia y sean conocidos desde ahora en adelante por los tribunales con competencia penal (Boletín 13.520-07). Hasta ahora, sólo existe competencia penal cuando de los actos de VIF se detecten la comisión de delitos (asesinatos, lesiones, amenazas, etc.) y, en  la figura residual de maltrato habitual, cuando exista una reiteración de actos de VIF que no se demuestren como un delito más grave (art 14 ley 20.066).

En este post voy a hacer un breve comentario sobre los elementos que, en mi opinión, configuran fortalezas y debilidades del proyecto, con un breve relato de por qué considero esto como un problema o solución.

A favor

Sanciones más ejemplares

A lo largo de los últimos años, la VIF se ha convertido en un tema de preocupación recurrente, no sólo por el daño directo de las víctimas, sino por el efecto a largo plazo en la sociedad. No olvidemos que la violencia ha sido justificada históricamente como manera de imponer disciplina dentro de la familia, y sólo desde hace menos de 50 años se empezó a cambiar de opinión, al menos desde el mundo académico.

Aun así, sigue arraigada la idea de verticalismo en las relaciones familiares y de un estilo autoritario en el modelo de crianza. Ya lo hablé hace algunos años, y en el tema de VIF aún existe gente que defiende la crianza a base del principio “la letra con sangre entra”

Por ello, la incorporación en la sede penal de los casos de VIF que no comprendan otros delitos puede ser una buena señal en el sentido de una persecución y castigo más eficaz de esta situación, y dejar claro que ahora el legislador no tolerar’a la crianza basada en golpes ni el sometimiento conyugal o en la pareja de un miembro sobre el otro.

Desaturar la justicia de familia

Hoy los tribunales de familia tienen una extensa lista de asuntos en los cuales son competentes, y que básicamente podemos resumir en solucionar los conflictos derivados de las crisis familiares, amén de alguna otra gestión para la protección de la infancia y juventud.

Así las cosas, y pese a las cortapisas que se establecieron en 2008 para frenar la avalancha de demandas que se presentaron desde 2005, cuando se crearon, aun siguen pletóricos de juicios que obligan a disponer audiencias para fechas muy a futuro, haciendo ilusorio el interes del legislador y la ciudadania de juicios cortos y expeditos.

Dado que las causas que concentran el mayor número son las de protección de niños y jóvenes y las de VIF (que ademas no requieren patrocinio de abogados), la derivación supondría un ahorro en tiempo y recursos importante para estos juzgados., que podrán dedicar más tiempo al resto de asuntos que también tienen su importancia para la mantención de la estabilidad de la institución familiar y la protección de sus miembros.

Garantías para el imputado

Por otro lado, por contradictorio que suene, la radicación en sede penal representaría una mayor protección de garantías para quien sea denunciado como agresor.

Veamos. El Código Procesal Penal establece, en su art. 4, el principio de presunción de inocencia como fundante tanto de la investigación como del juicio. Esto es, no debe considerarse al denunciado por VIF como culpable hasta que exista prueba y convicción de que es culpable de los hechos de que se le acusa. Esto tiene un largo corolario de un gran numero de consecuencias que seria largo enumerar, pero que podríamos destacar: el principio in dubio pro reo (ante la duda, se debe favorecer al acusado con la absolución o la pena más leve), la carga de la prueba (siempre como obligación del ente persecutor), la interpretacion siempre favorable al acusado, la prohibicion de analogía en la aplicación de los tipos penales, entre otros.

En familia, en cambio, no existe un principio equivalente en la materia, quedando a criterio del juez determinar si el acusado está bajo una presunción de culpa o no. El juez de familia se rige por otros principios y conforme a la normativa general y la especial para estos casos, como son la protección del interés superior del niño y la preferencia especial por la mujer, lo que lleva a invertir algunas de las cargas en contra del sospechoso.

Por otro lado, en materia penal el imputado o acusado tiene necesariamente que ser acompañado de defensa letrada en todo el trascurso de la investigación y juicio. En materia de VIF, en sede de familia, esto no ocurre así, ya que este es uno de los pocos juicios en que no se requiere patrocinio o defensa de abogado. ello no ayuda a quien esta acusado de VIF, quien podría llegar al juicio sin la mas mínima orientación de como defenderse o qué debe declarar.

En contra

Criminalización excesiva

La solución planteada por este proyecto ahonda en la creciente penalización de conductas que se ha visto recientemente, en que ante la falta de soluciones legales y la conmoción pública se opta por añadir más tipos penales para castigar ciertas conductas, especialmente aumentando las penas y restringiendo la aplicación de algunas garantías o sin antes buscar alternativas menos drásticas pero más eficaces para combatir la conducta contraria a derecho.

No olvidemos que el Derecho Penal se ha planteado siempre como una ultima ratio, esto es, la ultima alternativa para asegurar el cumplimiento de la ley, cuando las otras ramas del derecho han fracasado o son insuficientes para la protección del bien jurídico involucrado. Y si bien en materia de VIF y relacionados pareciera ser que las actuales herramientas legales no fuesen suficientes, ello no debiera cubrir todos los casos de VIF sino sólo aquellos en que la protección al bien jurídico

De estemodo, plantear la idea de sustraer la VIF del conocimiento de los juzgados de familia responde mas a ese “populismo penal” que a una verdadera solución al combate del problema.

Sólo fin punitivo y no reparativo

La idea planteada en el Boletin senialado pretende sustraer de la competencia de los tribunales de familia todos los actos de VIF y que sean conocidos . La idea, a simple vista, no pareciera un gran cambio con lo que sucede actualmente en sede de familia, donde la principal consecuencia es una multa a beneficio fiscal.

La idea subyacente, sin embargo, mira más que nada a la sanción contra el agresor, sin considerar los demás elementos que se ven afectados con la ocurrencia de VIF. El juez de familia no solamente tiene por objeto sancionar al agresor a la pena de multa establecida en la ley, sino que también puede determinar medidas hacia las partes con el objeto de reparar los daños causados y restablecer la armonía familiar en la medida de lo posible.

Por ejemplo, actualmente la ley 20.066 establece que el juez de familia puede ordenar medidas como prohibición de acercamiento a la víctima, asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar, así como la intervención social en caso de vulneración de derechos de infancia.

Habría que recurrir a las salidas alternativas para que el juez penal pudiera ejercer alguna labor más allá de condenar o absolver. Sin embargo, el acuerdo reparatorio no es admisible en el caso del maltrato habitual, y la suspensión condicional depende en gran medida de la voluntad del fiscal, por lo que el juez penal estaría atado de manos para resolver más allá de imponer la pena.

¿Derecho Penal del Enemigo?

Por otro lado, la alta connotación pública de los delitos ligados a la VIF y la constante labor de instituciones y organizaciones sociales para la erradicación de esa conducta, especialmente las ligadas a las mujeres y menores de edad, hacen que el foco se pueda perder, pasando desde una visión objetiva basada en la conducta y su disvalor, a una visión subjetiva en que el centro se halla en el autor del delito.

Hace un par de años, durante el “mayo feminista”, observé que el principio de inocencia estaba en riesgo por su carácter abstracto que no respondía a la situación de desequilibrio entre partes que existe en algunos casos y que hacía ilusorio . Sin embargo, también acoté que no podía desdeñarse sin más este principio sin que ello derivara en fenómenos como el Derecho Penal del Enemigo o el D.P. de Autor.

Esto es, que esto sea el inicio de un sistema de persecución que restrinja varios de los derechos inherentes al debido proceso y las garantías del imputado. En materia de VIF, ese “enemigo” sería el agresor, especialmente el hombre contra la mujer y el padre contra los hijos.

Desaturación en Familia… ¿saturación en Penal?

Y si bien podría darse un efecto de alivio en la carga de los tribunales de familia, se puede dar el fenómeno inverso en los tribunales de competencia penal, esto es, que se saturen con el volumen de denuncias y juicios que se generarían. Con el agravante de que

Esto es, porque el proyecto en comento pretende trasladar a la sede penal todo acto de VIF, y ya no sólo el maltrato habitual o los delitos asociados, sino cualquier acto de violencia, por muy leve que sea.

Así, el proyecto en comento camina en contra de la tendencia general a despenalizar conductas que no lesionen de manera evidente el bien jurídico protegido por la norma penal, los llamados “delitos de bagatela”. Si nos atenemos al concepto, podría castigarse hasta la agresión más leve, lo que podría ser contraproducente no sólo para la sanción de los hechos, sino para todo el sistema penal y procesal penal.

Conclusiones

Digamos que el proyecto que busca sacar la VIF, si bien tiene la virtud de que sirva para una atención mayor del fenómeno, cae en el error de apelar únicamente al elemento punitivo, y más a su parte preventiva general que a la meramente retributiva del daño, sin entender el escenario de complejidades en cuanto a la mantención de las relaciones familiares, los antecedentes de los involucrados y el interés por recomponer a las víctimas y familias afectadas.

Tal como señaló la Corte Suprema al entregar su informe sobre el proyecto, una mejor solución sería especificar de mejor manera los casos en que debe recurrirse a la sede penal, y permitir una acción más decidida de tribunales y fiscales en estos casos. También, delimitar de mejor manera los casos en que corresponda una u otra competencia.

Referencias

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