La ley 20.416 estableció el famoso «Estatuto PYME», una serie de normas para proteger las actividades económicas de las empresas pequeñas y medianas, como una forma de «equilibrar la cancha» frente a las grandes empresas que, en buena parte, son proveedoras de las primeras.

Una novedad es que la ley, en su Artículo Noveno estableció la aplicación de la Ley del Consumidor a las PYMES, otorgándoles a ellas casi los mismos derechos que a los consumidores finales, cuando se trata de actos con sus proveedores. Esto se legisló debido a las grandes diferencias entre estas empresas y quienes habitualmente les proveen los productos o herramientas.