He estado un tanto alejado de este blog, ahora quiero retomarlo con una discusión surgida en una red social que me ha interesado, y que quiero analizar brevemente. Se trata de la pertinencia de mantener el toque de queda como medida para evitar el contagio de las pesonas con el Covid-19.
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Lamento arruinar las conmemoraciones del Día de la Mujer con esta columna, pero a veces uno piensa que los legisladores, con tal de “enviar una señal”, no advierten los problemas que acarrea legislar con más estudio y menos consignas. Y ello puede generar expectativas que, a largo plazo, se pueden ver frustradas por la inoperancia de las instituciones o la incompatibilidad entre derechos.
He estado en deuda con ustedes y era hora, antes de que este año se vaya, de contribuir en algo para el desarrollo jurídico.
Ahora que el proceso constituyente se inició, y pareciera que (salvo alguna situación inesperada) no va a dar marcha atrás, es bueno desde ya plantear algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta por los futuros redactores del nuevo texto constitucional, tanto en su parte orgánica (instituciones fundamentales del Estado) como en su parte dogmática (principios generales del Estado y derechos fundamentales). En esta ocasión, me voy a referir a un tema que es de preocupación creciente en nuestra sociedad como lo es la Familia. Leer Más
En los últimos días, mi alma mater la Universidad de Chile se ha visto envuelta en escándalos referidos a la tolerancia y el pluralismo político entre estudiantes. Primero, por la agresión sufrida por una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales debido a sus posiciones políticas, que difieren de la inmensa mayoría de quienes asisten a ese lugar. Pero me quiero centrar en lo que está sucediendo en la Facultad de Derecho, de donde egresé hace casi una década, debido a la propuesta de Estatuto para el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), que entre otros contenidos destaca la presencia de varios “anti” en su declaración de principios. Así las cosas, el Estatuto declara al CED como un ente anticapitalista, antiespecista, anti imperialista, antipatriarcal, entre otros. Leer Más
En el otro blog hice un comentario sobre la llamada “Autonomía Progresiva”, y comentaba que para una aceptación general debía cederse en el hecho de que no puede excluirse a padres ni a otros adultos de su labor de supervigilancia. Hay discusión, claro, ya que el mundo liberal y/o progresista tiende a renegar de la presencia adulta por ser ésta un “lastre retrógrado” en el pleno ejercicio de los derechos y garantías de los jóvenes, debido a las diferencias generacionales inherentes a la relación padre-hijo, con el consiguiente conflicto en cuanto a las figuras involucradas y su rol tanto interno como externo. A su vez, las posiciones conservadoras temen que el reconocimiento de la figura en cuestión derive en un socavamiento de las bases morales de la sociedad y en la destrucción de la familia, lo que llevaría a que los niños quedaran en la anomia y a merced de muchos peligros. Leer Más
Una de las primeras cosas que un ser humano hace en la vida es llorar. Llora para pedir algo, para ser ayudado. Para pasar de la insatisfacción a la satisfacción y del mal al bien. Podemos decir, entonces, que el acto de expresión de malestar por una cosa es uno de los instintos más arraigados en el ser humano, prueba de su condición de ser vivo (véase irritabilidad) pero que en un ser racional se puede expresar en conceptos entendibles. A esto último le denominamos “Queja”.
He vuelto tras una ausencia que no avisé. Y lo hago para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un breve artículo acerca de un fenómeno ampliamente denunciado especialmente por las mujeres, como es el acoso sexual o de género, y la posibilidad de invocar la Ley Antidiscriminación (conocida en Chile como Ley Zamudio) para sancionar estas conductas.
Escribo este post cuando hace una semana o algo más mi ex profesor de Introducción al Derecho y el ciclo de Derecho Constitucional, el doctor Pablo Ruiz-Tagle, asumió como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un reconcomiendo a tres décadas de destacada carrera académica para una de las personas que más me influyó en lo profesional y estudiantil.
Este ensayo se basa en un trabajo que hice hace lejanos 14 años, sobre el Sistema Electoral Público, a propósito del fallo del Tribunal Constitucional que, en plena dictadura, puso reparos al proyecto de ley que creaba el Tribunal Calificador de Elecciones, ya que pretendían los militares que operara sólo tras la elección de 1989 y no en el plebiscito que se iba a celebrar en 1988, del cual celebraremos en un mes más los 30 años. Fue un pequeño gesto de enfrentamiento con el dictador, en medio de la crisis que se vivía por el alzamiento de la oposición.
En este caso, haré un aggiornamiento del trabajo original, agregando algunas cosas al texto original que no consideré en ese momento –mal que mal, iba en 1er Año y no era un muchacho muy autoexigente para hacer esos ensayos –, y comentando algunos fenómenos recientes que hacen necesaria una defensa de su existencia.
A propósito de los recientes hechos de contaminación que se han producido en mi país en Quintero y Maipú, en esta ocasión voy a hacer una breve reseña sobre las acciones que tiene la población en general para reclamar por los daños provocados en materia de medio ambiente. Algunas de estas acciones protegen intereses generales de la población, mientras que otras pueden satisfacer intereses propios del reclamante. A veces en una misma pueden coincidir ambas pretensiones. Por otro lado, si bien en su mayoría dan pie a procedimientos administrativos, también las hay en instancias de tribunales. Leer Más
Una de las innovaciones que incluye nuestra (a veces amada y otras odiada) Constitución es la creación de una acción judicial conocida como “Recurso de Protección”, aunque en principio no debería llamarse recurso (por no ir contra una resolución judicial o administrativa) sino “Acción de Protección”. Esta acción sirve para casos en que se esté vulnerando ciertas garantías constitucionales establecidas en los arts. 19 y 20 del texto constitucional, y se interpone ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del afectado, en el plazo de 30 días desde la ocurrencia de los hechos que infringen los derechos fundamentales. Leer Más
