No cabe duda que la pandemia de Covid-19 ha significado una alteración cataclísmica de la vida cotidiana. El mundo jurídico no ha estado inmune, prueba de ello es la legislación de emergencia que se ha dictado para afrontar las consecuencias de las cuarentenas y otras medidas destinadas a evitar un desastre mayor.

En materia de procedimientos judiciales, se dictó la ley 21.226, la cual estableció varios regímenes especiales para la celebración de audiencias, diligencias y demás actos judiciales durante la pandemia y hasta cierto plazo posterior al término del estado de emergencia.