El Derecho de Familia, en los últimos años, ha vivido una serie de reformas con centro especial en la protección de la infancia y adolescencia, afín a la adopción de la Convención de Derechos del Niño por nuestro país. Con ello, dos instituciones muy vinculadas a la protección de la juventud en relación con su inclusión en las familias son las que atenderemos en esta ocasión.
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Por regla general, toda persona es capaz de actuar en la vida jurídica, por lo que las personas incapaces son la excepción. El Código Civil clasifica a los incapaces de ejercicio en absolutos (dementes, impúberes, sordomudos inentendibles) y relativos (menores adultos o adolescentes, disipadores interdictos).
Habitualmente, cuando se trata de niños y adolescentes, son sus padres los que asumen esa representación (patria potestad), pero cuando éstos faltan, o cuando el incapaz es mayor de edad, se requiere un guardador que vele por los intereses económicos y jurídicos de los afectados. Por ello, vamos a explicar acá el proceso para nombrar a estas personas encargadas de cautelar la persona y bienes de ellos, y cómo acceden a esa función.
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Querida comunidad: como informara en su momento, a partir de este número se publicará solamente en el texto propio del blog, sin archivo PDF adjunto. Espero vuestros comentarios para ver si les gusta este formato, o volvemos al antiguo, o innovamos en uno nuevo. De antemano, gracias por su atención.
ÍNDICE:
En mi trabajada vida como abogado, he visto bastantes causas sobre todo en el tema de Derecho de Familia. Y las que más abundan son las de los 3 grandes temas: Alimentos (pensión alimenticia), Cuidado Personal (llamada antiguamente tuición) y Relación Directa y Regular (antes llamada Visitas).
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La ley 21.675, recientemente promulgada, estableció un nuevo marco legal de protección a la mujer ante episodios de maltrato o violencia sufridos por causa u ocasión de su género o condición. Establece un deber general de la Administración del Estado para prevenir y sancionar esta clase de hechos. A su vez establece una comisión de articulación interministerial para el cumplimiento efectivo de la norma, así como encargar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la elaboración del Plan Nacional de Acción y del Sistema Integrado de Información para la prevención y sanción de estas conductas.
En esta ocasión, haré una reseña sucinta de los aspectos procesales establecidos en esta nueva ley, que no solamente involucran la persecución específica de los actos de violencia contra la mujer, sino que también modifica algunas de las instituciones relativas a la prevención y sanción de la violencia doméstica en general. Para el caso me centraré sólo en los casos ante los Juzgados de Familia, dejando fuera los de competencia penal.
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Buena semana para todos.
Comparto con mi distinguida comunidad un nuevo boletín con información jurídica actualizada. Espero que lo lean y se informen.
La mediación familiar es un proceso clave en el ámbito del derecho de familia, especialmente en Chile. La Ley 20.286, promulgada el 15 de septiembre de 2008, introdujo importantes reformas en la legislación de familia, incluyendo la mediación obligatoria. Esta ley fue creada como respuesta al colapso que sufrieron los tribunales de familia poco después de su entrada en vigencia, lo que dificultaba la gestión del alto volumen de demandas.
En este artículo, exploraremos la mediación familiar obligatoria según lo establecido en la Ley 20.286, así como su relación con la Ley 19.968. También analizaremos los beneficios y desafíos de este proceso.
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La ley 21.430, que es el Estatuto de Garantías de la Niñez y Adolescencia, busca una mejor protección de la persona y derechos de los menores de 18 años, conforme a lo establecido en la Constitución y tratados internacionales. En esta oportunidad, hablaremos sobre la Acción Administrativa de Protección de Derechos establecida en el arts. 68 y siguientes de la ley.
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En mi vida profesional un tema muy recurrente es el de la Pensión Alimenticia. Tengo varios artículos al respecto, y ameritaría hacer todo un tratado del ramo a manera de aporte a la sociedad. Pero esta vez vamos a hablar de un tema más acotado, sobre la prueba en los juicios de alimentos y en especial la testimonial.
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Actualmente, en el Congreso se está discutiendo una reforma legal por la cual los casos de violencia intrafamiliar (VIF) dejen de ser competencia de los tribunales de familia y sean conocidos desde ahora en adelante por los tribunales con competencia penal (Boletín 13.520-07). Hasta ahora, sólo existe competencia penal cuando de los actos de VIF se detecten la comisión de delitos (asesinatos, lesiones, amenazas, etc.) y, en la figura residual de maltrato habitual, cuando exista una reiteración de actos de VIF que no se demuestren como un delito más grave (art 14 ley 20.066).
En este post voy a hacer un breve comentario sobre los elementos que, en mi opinión, configuran fortalezas y debilidades del proyecto, con un breve relato de por qué considero esto como un problema o solución.
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Sergio Arenas Benavides - Abogado de Familia en Linares 