El Derecho de Familia, en los últimos años, ha vivido una serie de reformas con centro especial en la protección de la infancia y adolescencia, afín a la adopción de la Convención de Derechos del Niño por nuestro país. Con ello, dos instituciones muy vinculadas a la protección de la juventud en relación con su inclusión en las familias son las que atenderemos en esta ocasión.
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Por regla general, toda persona es capaz de actuar en la vida jurídica, por lo que las personas incapaces son la excepción. El Código Civil clasifica a los incapaces de ejercicio en absolutos (dementes, impúberes, sordomudos inentendibles) y relativos (menores adultos o adolescentes, disipadores interdictos).
Habitualmente, cuando se trata de niños y adolescentes, son sus padres los que asumen esa representación (patria potestad), pero cuando éstos faltan, o cuando el incapaz es mayor de edad, se requiere un guardador que vele por los intereses económicos y jurídicos de los afectados. Por ello, vamos a explicar acá el proceso para nombrar a estas personas encargadas de cautelar la persona y bienes de ellos, y cómo acceden a esa función.
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Las leyes de Registro de Deudores de Alimentos y de Responsabilidad Parental en materia de alimentos, a las cuales le dediqué un par de artículos explicando el sistema de cobro[1], introdujeron además un nuevo delito en la Ley de Violencia Intrafamiliar, referido al incumplimiento injustificado de la pensión alimenticia, asimilándolo al delito de maltrato habitual.
En este breve artículo dedicaré mi atención a este nuevo delito, sus características, y al hecho de si la circunstancia de la deuda de alimentos registrada implica por sí una presunción de culpabilidad.
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La mediación familiar es un proceso clave en el ámbito del derecho de familia, especialmente en Chile. La Ley 20.286, promulgada el 15 de septiembre de 2008, introdujo importantes reformas en la legislación de familia, incluyendo la mediación obligatoria. Esta ley fue creada como respuesta al colapso que sufrieron los tribunales de familia poco después de su entrada en vigencia, lo que dificultaba la gestión del alto volumen de demandas.
En este artículo, exploraremos la mediación familiar obligatoria según lo establecido en la Ley 20.286, así como su relación con la Ley 19.968. También analizaremos los beneficios y desafíos de este proceso.
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La ley 21.430, que es el Estatuto de Garantías de la Niñez y Adolescencia, busca una mejor protección de la persona y derechos de los menores de 18 años, conforme a lo establecido en la Constitución y tratados internacionales. En esta oportunidad, hablaremos sobre la Acción Administrativa de Protección de Derechos establecida en el arts. 68 y siguientes de la ley.
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Ley de Responsabilidad Parental (Nº 21.484) estableció 2 nuevas formas de persecución de la deuda de pensión de alimentos, modificando la ley 14.908, las cuales ya hemos visto en este sitio:
La ley, no obstante, no es clara en cuanto a la legitimidad activa para solicitar las acciones señaladas, aun cuando es claro que el alimentante tiene el derecho de accionar. Incluso es posible concluir que el tribunal puede (o debe) obrar de oficio para el primero de los casos (persecución de cuentas bancarias).
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Tengo el agrado de informar que ya está listo el Boletín N° 37 del estudio jurídico, con información jurídica de actualidad. Espero que lo disfruten y les sea de utilidad.
Me es grato anunciar a uds. la publicación el primer boletín jurídico de este 2023, con información jurídica de actualidad. Espero que les sirva y se informen.
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En mi vida profesional un tema muy recurrente es el de la Pensión Alimenticia. Tengo varios artículos al respecto, y ameritaría hacer todo un tratado del ramo a manera de aporte a la sociedad. Pero esta vez vamos a hablar de un tema más acotado, sobre la prueba en los juicios de alimentos y en especial la testimonial.
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La nueva ley 21.484, conocida como Ley de Responsabilidad Parental para el Pago de Pensiones Alimenticias, introdujo nuevas reglas para facilitar el cobro y obtención de las pensiones adeudadas. Entre otros, se faculta al tribunal para ordenar la retención de fondos del alimentante en cuentas bancarias u otros instrumentos financieros, o en su defecto podrá realizarse con los fondos disponibles en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones previsionales, además de inhabilitar a deudores registrados en el Registro de Deudores para postular a cargos de elección popular, incorporar el factor interés superior del niño en el monto de pensión en su caso, e incorporar en el Registro de Prófugos las órdenes de arresto vigentes respecto de deudores de alimentos declarados rebeldes. Esto viene a complementar lo ya establecido en la ley 21.389 que estableció el Registro de Deudores de Alimentos y modificó varias normas en orden a garantizar un mejor modo de obtención de esta obligación filial.
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Sergio Arenas Benavides - Abogado de Familia en Linares 