Con gran gusto informo a mi comunidad que ya está disponible nuestro Boletín número 30, con información jurídica de actualidad. Espero que les sea útil para informarse sobre las novedades de nuestro derecho.
Leer MásBoletín Jurídico N° 30
Con gran gusto informo a mi comunidad que ya está disponible nuestro Boletín número 30, con información jurídica de actualidad. Espero que les sea útil para informarse sobre las novedades de nuestro derecho.
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A mi distinguida audiencia y clientela, anuncio con agrado la publicación de un nuevo Boletín Jurídico, con información jurídica de actualidad.
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Hola a todos. Es de nuestro agrado presentar el Boletín Jurídico número 28 de este estudio jurídico, con información de actualidad en materia legal.
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Este artículo va a ser breve. Se refiere al tema de la presunción de inocencia y su aplicación al proceso contravencional (sancionatorio) regulado en la ley 18.287 de procedimientos ante el Juzgado de Policía Local (JPL).
Ya hemos hablado en este sitio acerca de la acción civil en los procesos ante estos tribunales. En esta oportunidad solamente hablaremos de la parte contravencional que conocen estos tribunales, esto es, cuando se imponen sanciones a una persona, como multas o prisión, y de si es aplicable o no el instituto de la presunción de inocencia a las personas denunciadas ante estos tribunales.
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No soy un experto en Derecho Penal, pero en esta ocasión, una noticia me motivó para estudiar y explicar una situación en que un hecho configura dos delitos, siendo uno de ellos el medio para cometer el otro, lo que se conoce como “concurso medial” y que conlleva una aplicación especial de las penas.
Tratase de un hombre que, habiéndole comprado un auto a otro y habiéndole entregado el mismo, cuando iba a pagarle lo que faltaba del precio yendo en el mismo vehículo es asaltado por el vendedor y 3 cómplices quienes a punta de pistola le roban el auto. A simple vista un robo, pero siendo el mismo vendedor quien lo roba, se configuraría además una estafa al engañarlo con la venta.
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Deseando a mi distinguida clientela un feliz año 2022, entrego a uds. el último Boletín Jurídico de este estudio, con información jurídica de actualidad.
Que pasen unas felices fiestas.
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Hace algunos años se promulgó la ley 21.160 que establecía la imprescriptibilidad de los delitos penales relativos a la libertad sexual respecto de víctimas menores de 18 años. Hasta entonces, la prescripción empezaba a operar cuando la víctima cumpliera la mayoría de edad, regla que sigue operando para los hechos anteriores a la promulgación de la ley. No opera, sin embargo, cuando el autor del delito sea un adolescente (de 14 a 17 años).
En este artículo, sin embargo, me dedicaré a analizar el contenido «civil» de esta ley, que establece un régimen especial para las acciones civiles derivadas del delito, ya que la normativa permitió «revivir» este tipo de demandas, con las reglas que explico a continuación. Leer Más
Un tema recurrente en materia penal, sobre todo para aquellas personas privadas de libertad, es la posibilidad de acceder a la libertad por buena conducta, y en el caso de que se les niegue ese derecho poder recurrir de esa decisión ante la justicia. En esta ocasión me ocuparé del Recurso de Amparo establecido en el art. 21 de nuestra actual Constitución para impugnar las decisiones de las Comisiones de Libertad Condicional.
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Actualmente, en el Congreso se está discutiendo una reforma legal por la cual los casos de violencia intrafamiliar (VIF) dejen de ser competencia de los tribunales de familia y sean conocidos desde ahora en adelante por los tribunales con competencia penal (Boletín 13.520-07). Hasta ahora, sólo existe competencia penal cuando de los actos de VIF se detecten la comisión de delitos (asesinatos, lesiones, amenazas, etc.) y, en la figura residual de maltrato habitual, cuando exista una reiteración de actos de VIF que no se demuestren como un delito más grave (art 14 ley 20.066).
En este post voy a hacer un breve comentario sobre los elementos que, en mi opinión, configuran fortalezas y debilidades del proyecto, con un breve relato de por qué considero esto como un problema o solución.
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Hace unos días la Corte de Apelaciones de Iquique acogió una apelación en contra de una resolución del juez de Pozo Almonte, que había denegado un sobreseimiento contra una persona porque, en opinión de la parte denunciada, no se cumplían los requisitos del tipo penal de los arts. 318 y 318 bis del Código Penal. Se trataba de una persona que estaba circulando por las calles a la hora del toque de queda dispuesto por la autoridad en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 (Rol N° 276-2020 Penal (1)).
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