Este artículo surge a partir de variadas consultas que me han hecho tanto padres como madres, sobre lo que antiguamente se conocía como “derecho de visitas” y hoy se llama legalmente “Relación Directa y Regular”. En pocas palabras, reside si este derecho puede ser eliminado de manera permanente, sea por temor a que el padre que tiene el cuidado de los hijos quisiera demandar aquello, o por la posibilidad de hacerlo ante cualquier riesgo para el hijo.

Panorama General

Como he planteado en otras ocasiones, la Relación Directa y Regular (en adelante RDR) que tiene un padre con su hijo menor de edad cuando no tiene su cuidado personal es tanto un derecho como un deber del padre, destinado a que se mantengan los lazos familiares aun después de la separación matrimonial o de convivencia entre sus padres.

Antiguamente sí podía ser “eliminado”, ya que la ley hablaba solamente del “derecho de visitas” que tenían los padres no custodios. Como tal, no solamente podía ser suspendido, sino que en determinados casos era improcedente, siendo el caso más destacado el del padre o madre cuya filiación (en ese entonces ilegítima o natural) hubiera sido decretada en oposición formal hecha por el demandado. Como señalaba la norma de ese entonces (y como sigue señalándolo ahora el art. 203 del Código Civil), al establecerse de este modo la filiación el padre quedaba privado de todo derecho relativo al hijo, manteniéndose los deberes.

No obstante, en 1998 con la llamada Ley de Filiación se cambió el concepto, no sólo de nombre (de “Visitas” a “Relación Directa y Regular”), sino que de derecho pasó a considerarse como un deber del cual el padre que no tiene el cuidado personal no estaba exento. Así las cosas, las “visitas” ya no eran sólo un derecho, sino una obligación derivada de las relaciones de familia y filiales.

Establecimiento de la RDR, Suspensión y Restricción

Conforme a los arts. 225 y sgtes. del Código Civil y 48 de la Ley de Menores, el régimen de RDR se establecerá en los días, horas y modos que acuerden los padres o, a falta de acuerdo, por resolución del juez de familia. Existen, además, acciones para exigir el cumplimiento del mismo en caso de incumplimiento o restricción a su ejercicio.

No obstante, el régimen puede ser restringido o suspendido cuando se observe que manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, para lo cual se requiere declaración judicial (art. 229 CC). Esto es, no puede afectarse de manera alguna este derecho-deber por otra vía, ni por terceros ni por el otro padre, el que tiene el cuidado.

En cuanto al modo de proceder a la suspensión o restricción, puede ser por vía principal, especialmente en el caso de iniciarse un procedimiento de protección de derechos (art. 71 Ley 19.968 de Tribunales de Familia, en adelante LTF) o por violencia intrafamiliar (art. 92 LTF), aunque la doctrina admite que puede pedirse por demanda directa de suspensión, o por vía secuencial, cuando exista un expediente de ejecución habiéndose decretado la relación directa y regular en juicio (lo que será la regla en la mayoría de los casos).

En el caso de demandarse directamente la suspensión, es discutible si se requiere mediación cuando no opere un procedimiento especial, es decir, cuando se demande la suspensión o restricción por la vía ordinaria. Opinamos, igual que la mayoría, que sí, ya que lo dispuesto en el art. 106 inc. 1º de la LTF no hace distinciones. Por otro lado, la restricción por vía principal se debe tramitar mediante la modificación del régimen de RDR, que sigue las reglas generales.

Para determinar cuando opera el caso de manifiesto perjuicio del menor, no existen reglas específicas para el caso, por lo que se debe recurrir a las reglas generales, que están primariamente en el art. 222 inc. 1º del C. Civil (interés superior del niño como regla primordial), las consideraciones del mismo art. 229 del mismo, así como lo definido a propósito de la violencia intrafamiliar y/o los derechos esenciales del niño.

Es importante, para entender esto, los alcances de estas medidas, a partir de su significado jurídico según las fuentes más autorizadas:

  • Suspensión: se refiere a la interrupción provisoria de la relación jurídica que define la RDR, de carácter total en sus efectos, pero esencialmente temporal.
  • Restricción: se refiere a la reducción de la amplitud de la RDR, en cuanto a temporalidad o condiciones de ejercicio, sin que se suspenda totalmente.

En cuanto al tiempo, si bien pareciera que estas instituciones no tienen un límite temporal, debe atenderse a lo señalado en el art. 242 del Código Civil, que reza:

“Las resoluciones del juez bajo los respectos indicados en las reglas anteriores se revocarán por la cesación de la causa que haya dado motivo a ellas, y podrán también modificarse o revocarse, en todo caso y tiempo, si sobreviene motivo justo, y se cumple con los requisitos legales.

En todo caso, para adoptar sus resoluciones el juez atenderá, como consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.”

Esto significa, primero, que la suspensión o restricción en general sólo mantendrá su vigencia si persiste la condición que justifica la suspensión o restricción. En segundo término, se apela a la idea de “motivo justo” para modificar o revocar la medida, lo cual también implica evaluar la evolución de la relación familiar y en especial el comportamiento de padres e hijos, lo que lleva necesariamente a concluir que es un asunto esencialmente variable.

Por otro lado, la idea de RDR como un deber del padre que no tiene un cuidado personal debe llevarnos a la idea lógica de que no puede evadirse esta relación ni aun por algún perjuicio para el niño. Para ello existe la posibilidad de modificar el régimen de RDR a fin de proteger la integridad del hijo, u otras medidas de protección.

Por último, en el caso de los juicios especiales por protección de menores o violencia intrafamiliar, la suspensión o restricción de RDR es una medida cautelar, que es esencialmente temporal, por lo que acabado el proceso deben ser revocadas.

Conclusión

En conclusión, la RDR es una figura que implica un derecho, pero también un deber, y conforme a las normas antes estudiadas no puede ser eliminado, sino tan sólo suspendido o restringido, de manera siempre temporal.

Bibliografía

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