La cuarentena me ha tenido un poco ido. Se me olvida cumplir con la obligación que siento que tengo con ustedes de aportarles conocimiento en materias de Derecho. En fin, que voy a cumplir haciendo una revisión de otras cosas que contempla la ley 21.227, llamada Ley de Protección al Empleo (LPE), y que no traté en otras ocasiones, y que creo que deben tratarse ya que la ley sigue vigente (y parece que lo seguirá por un largo tiempo).
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He estado un tanto alejado de este blog, ahora quiero retomarlo con una discusión surgida en una red social que me ha interesado, y que quiero analizar brevemente. Se trata de la pertinencia de mantener el toque de queda como medida para evitar el contagio de las pesonas con el Covid-19.
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Hace unos días la Corte de Apelaciones de Iquique acogió una apelación en contra de una resolución del juez de Pozo Almonte, que había denegado un sobreseimiento contra una persona porque, en opinión de la parte denunciada, no se cumplían los requisitos del tipo penal de los arts. 318 y 318 bis del Código Penal. Se trataba de una persona que estaba circulando por las calles a la hora del toque de queda dispuesto por la autoridad en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 (Rol N° 276-2020 Penal (1)).
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La pandemia del covid-19 y el estado de emergencia derivado de lo anterior ha obligado a los poderes políticos a idear soluciones que, con mayor o menor eficacia, buscan aminorar los efectos de una catástrofe económica. De ahí han salido, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo o la de Teletrabajo, entre otras.
Pero para los trabajadores por cuenta propia, los “independientes” o “boleteros”, faltaba un tipo de ayuda. Y esta se concedió en la ley 21.242, que establece un beneficio transitorio otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para esta clase de servidores.
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La actual pandemia de Covid-19 ha obligado a los gobiernos del mundo a actuar para editar que la propagación de la enfermedad terminé colapsando los sistemas de salud. El gobierno chileno no ha sido menos y tras la declaración del Estado de Emergencia han vuelto a la palestra algunas normas que de ordinario no son muy atendidas.
NOTA: Véase la Actualización debido a la reforma hecha por la ley 21.232, a pie del artículo.
Chile y el mundo siguen en la encrucijada por la pandemia de coronavirus. Esto ha afectado la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, a la economía y el derecho. En dos artículos ya he hablado sobre la “legislación de emergencia” dictada en mi país, a propósito de la posibilidad de poder realizar el trabajo a distancia y de las obligaciones respecto de vehículos motorizados.
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La emergencia derivada de la pandemia de Coronavirus se dio justo en una época sensible en materia económica, por los gastos propios del inicio del año escolar y, en el caso de los que tienen vehículos motorizados, el pago del permiso de circulación, que incluye contratar un seguro automotriz y tareas como la revisión técnica.
He vuelto tras un tiempo, ahora que la catástrofe mundial causada por el Covid-19 nos afecta, de alguna u otra manera, y que generó una respuesta inusitada de parte de nuestros poderes públicos. Entre otros, nuestro Poder Legislativo sacó una legislación urgente para reconocer y amparar el trabajo a distancia o también conocido como “teletrabajo”. Esto, por cuanto la cuarentena en muchas partes obligó a varias personas a tener que trasladarse a sus casas y continuar su trabajo en ellas, cuando la situación se lo permitía.
Sergio Arenas Benavides - Abogado de Familia en Linares 